Con la aprobación del Proyecto de Ley de Fertilización Asistida en la Cámara de Diputados Argentina ha quedado garantizado el acceso universal a los procedimientos y técnicas de reproducción, otorgando a los ciudadanos no solo la cobertura de técnicas simples de fertilización, sino también de las más complejas, con o sin donación de gametos o embriones.
Dicha cobertura formará parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) y será prestada en todo el país a través del sistema de salud pública. Las reacciones a todos los niveles no se hicieron esperar . “La fertilización asistida es ley desde hoy. Más derechos, más inclusión, mejor país. Felicitaciones a todas las ONG en general que lucharon por la ley. Se la ganaron”, escribió la presidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, y María Elena Cabral, de la organización Abrazo dar dar vida, declaraba a EFE "Estamos en un momento histórico porque nunca un proyecto de este tipo avanzó tanto" y añadía que supone terminar con "un vacío legal de 28 años" .
La ley que permite el acceso total gratuito a las técnicas de fertilización médicamente asistida a las parejas homosexuales, padres solteros o familias monoparentales, también contempla los casos de menores de 18 años con problemas de salud que puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro y autoriza al congelamiento de sus gametos o tejido reproductivo. “Esta ley sigue reivindicando a Argentina como el país que más respeta a la diversidad en Latinoamérica”, dijo César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
El proyecto fue impulsado en el Congreso por la organización no gubernamental Sumate a dar vida, que juntó 280.500 firmas para reclamar su tratamiento. El senador oficialista Daniel Filmus dijo que se trata de un “proyecto de avanzada porque no exige constancia de infertilidad o estar en pareja, no discrimina por género o edad e incluye técnicas de alta complejidad”. “Actualmente entre un 10 y un 15% de parejas en Argentina no pueden acceder a estos métodos por no contar con los recursos económicos necesarios para ello”, afirmó en el debate la diputada opositora Virginia Linares, del Frente Amplio Progresista (FAP, socialismo y centroizquierda).
Entre los cambios que introdujo el Senado al texto original, antes de aprobarlo en abril, está la posibilidad de que el ministerio de Salud tenga la facultad de capacitar a los profesionales y que se incluya una partida presupuestaria para realizar campañas de promoción sobre la nueva legislación.
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