El pleno del Congreso Peruano tiene la responsabilidad de aprobar en los próximos días un dictamen que eliminará la educación sexual de los colegios públicos, así como el derecho de los adolescentes mayores de 14 años a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Desde que la Comisión de la Mujer del Congreso peruano, con el voto a favor de congresistas evangélicas, aprobó un nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente que sostiene que los padres o tutores son los responsables de la educación sexual, se han sucedido las protestas en la calle de grupos en defensa de los derechos de la mujer y también la reacción en la Defensoría del Pueblo, que pidió al Congreso reevaluar este proyecto de ley al afectar el derecho fundamental a la salud en el ámbito sexual.
Este pre proyecto dice en su artículo 27: "El Estado brinda asistencia a los padres o tutores para asumir ese deber, a través de programas especializados gratuitos y accesibles" pero según Manuela Ramos de la ONG Promsex, más de 300.000 mujeres abortan clandestinamente al año en Perú. Según la última encuesta demográfica en Perú de cada 1000 mujeres que abortan en el país, 94 son atendidas por abortos incompletos y dos mueren por complicaciones. Otros datos obtenidos son que: el 13,5% de las adolescentes ya es madre y un 44% dice desconocer métodos de protección ante las Enfermedades de Transmisión Sexual.
Naciones Unidas ha pedido a Perú en reiteradas ocasiones que reglamente el aborto terapéutico, reconocido en su Código Penal y que modifique su legislación sobre el aborto para incluir excepciones a su prohibición en caso de violación sexual o incesto. De esta maner se evitarían casos como el de Karen Llontoy, obligada en 2001 a dar a luz a un bebé anancefálico (sin cerebro) o el de una niña de 13 años a quien el Ministerio de Salud negó un aborto legal en 2007 a pesar de ser víctima de violación sexual y requerir urgentemente una operación de columna para no sufrir inmovilidad permanente.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón indicó que este anteproyecto forma parte de los códigos "Morales'"junto al Código Procesal Constitucional y el Código Civil debido a que la revolución normativa está siendo impulsada por el presidente Evo Morales y porque con esas normas se pretende moralizar la justicia para "vivir bien".
Desde que la Comisión de la Mujer del Congreso peruano, con el voto a favor de congresistas evangélicas, aprobó un nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente que sostiene que los padres o tutores son los responsables de la educación sexual, se han sucedido las protestas en la calle de grupos en defensa de los derechos de la mujer y también la reacción en la Defensoría del Pueblo, que pidió al Congreso reevaluar este proyecto de ley al afectar el derecho fundamental a la salud en el ámbito sexual.
Este pre proyecto dice en su artículo 27: "El Estado brinda asistencia a los padres o tutores para asumir ese deber, a través de programas especializados gratuitos y accesibles" pero según Manuela Ramos de la ONG Promsex, más de 300.000 mujeres abortan clandestinamente al año en Perú. Según la última encuesta demográfica en Perú de cada 1000 mujeres que abortan en el país, 94 son atendidas por abortos incompletos y dos mueren por complicaciones. Otros datos obtenidos son que: el 13,5% de las adolescentes ya es madre y un 44% dice desconocer métodos de protección ante las Enfermedades de Transmisión Sexual.
Naciones Unidas ha pedido a Perú en reiteradas ocasiones que reglamente el aborto terapéutico, reconocido en su Código Penal y que modifique su legislación sobre el aborto para incluir excepciones a su prohibición en caso de violación sexual o incesto. De esta maner se evitarían casos como el de Karen Llontoy, obligada en 2001 a dar a luz a un bebé anancefálico (sin cerebro) o el de una niña de 13 años a quien el Ministerio de Salud negó un aborto legal en 2007 a pesar de ser víctima de violación sexual y requerir urgentemente una operación de columna para no sufrir inmovilidad permanente.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón indicó que este anteproyecto forma parte de los códigos "Morales'"junto al Código Procesal Constitucional y el Código Civil debido a que la revolución normativa está siendo impulsada por el presidente Evo Morales y porque con esas normas se pretende moralizar la justicia para "vivir bien".
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