En las Islas Maldivas, país islamista del Océano Índico cuya legislación mezcla la ley de la sharía con elementos del derecho inglés, ha sido condenada una menor de edad a ocho meses de arresto en un centro de menores y a recibir 100 latigazos por tener relaciones sexuales pre matrimoniales, castigo éste que recibirá cuando cumpla los 18 años. La adolescente, de 15 años, fue acusada en junio pasado después de que su padrastro fuera imputado por violarla y matar al bebé que nació posteriormente y que apareció enterrado en su casa. El juicio contra el padrastro, acusado de abusos sexuales a menores, posesión de pornografía y asesinato premeditado, aún no se ha celebrado; también la niña está a la espera de ser juzgada por encubrimiento. Por lo que se la ha juzgado y condenado ha sido por mantener relaciones sexuales pre matrimoniales, delito que, según las autoridades judiciales del país, cometió voluntariamente.
Catherine Ashton, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha apoyado la petición del Gobierno de Maldivas para retirar la sentencia, señalando que se trata de “una supuesta víctima de abusos sexuales de larga duración”, y castigar corporalmente a las víctimas de estos delitos “supone una contradicción directa” con las obligaciones internacionales de Maldivas.
Amnistía Internacional ha denunciado esta condena por “cruel, degradante e inhumana”, recordando que no es un caso aislado e instando al Gobierno de aquel país a abolir este tipo de penas. Como han expresado representantes de esta organización, “la flagelación constituye una violación de la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Las autoridades maldivas deben poner fin de inmediato a su uso, sean cuales sean las circunstancias. Y en este caso es más reprobable si cabe, porque corre peligro de sufrirla una niña de 15 años que ya ha sufrido terriblemente”.
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