Los dos grandes ejes que definen la acción del gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de igualdad de oportunidades son la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género; esta última, principal y más grave manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres. El I Plan Regional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género 2013-2018 responde a la necesidad de un compromiso real en estos aspectos por parte de todas las instituciones, entidades y sociedad en su conjunto, y hasta el próximo 12 de diciembre se encuentra en fase de participación y consulta con el fin de que se realicen las apreciaciones y sugerencias que se consideren oportunas. Contiene 106 medidas con las que se pretenden alcanzar 16 objetivos en cada una de las 6 áreas previstas: política institucional de género, participación, educación y cultura, economía y empleo, salud, y atención integral. Por primera vez se aborda la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género de forma conjunta, con un enfoque integral que abarca desde la prevención y la sensibilización hasta la atención.
Entre las medidas relacionadas con la política institucional, destaca el diseño de “indicadores de género” para conocer “de forma exhaustiva” las desigualdades y evaluar si las políticas que se están aplicando están dando buenos resultados; la realización de campañas de sensibilización sobre la desigualdad y la violencia de género dirigidas a toda la sociedad y en especial a los jóvenes, y la divulgación de experiencias de mujeres que superaron situaciones de maltrato para que sirvan de ejemplo y aprendizaje para otras personas que están pasando por la misma situación. En relación con la participación se quiere fomentar el asociacionismo de las mujeres, realizar acciones de sensibilización especialmente dirigidas a los hombres, y promover proyectos de asociaciones juveniles de fomento de la igualdad entre los dos géneros.
En cuanto a la atención integral a las víctimas de violencia de género y a las personas que dependen de ellas, el objetivo es fomentar su autonomía personal para que pueden rehacer sus vidas. Además de la orientación laboral, está prevista la incorporación de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública con el fin de avanzar hacia una contratación socialmente responsable en igualdad de oportunidades entre los dos sexos.
Para el conjunto de mujeres se apuesta por promover la igualdad de los dos sexos en el ámbito laboral con medidas como la orientación y apoyo al emprendimiento femenino y la consolidación de empresas creadas por mujeres; promover que en los procesos de negociación colectiva se adopten medidas de acción positiva para disminuir las desigualdades de género y adoptar medidas de acción positiva para favorecer el acceso femenino a la titularidad o cotitularidad de las explotaciones familiares agrarias.
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