Las federaciones de Mujeres Progresistas (FMP) y de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD) han criticado la rebaja en la pena solicitada por la fiscalía, de 23 a 17 años y medio de cárcel, en el juicio contra un hombre acusado de matar de 30 puñaladas a su esposa en Ondara (Alicante) hace más de tres años. La víctima estaba separada de su marido, aunque vivían en el mismo domicilio con tres hijos menores comunes. Según la fiscal, y de acuerdo con las pruebas periciales, el acusado "dirigió sus cuchilladas a órganos vitales, con intención de causar la muerte" de la víctima, pero ello no constataría que tuviese también el propósito de "hacerla sufrir de un modo innecesario y desproporcionado", lo que se habría considerado ensañamiento.
En opinión de Yolanda Besteiro, presidenta de la FMP, “además del dolo directo existe un dolo eventual”, con lo que si el acusado, con tal de conseguir su objetivo, que era el de matar a su mujer, estuvo dispuesto a apuñalarla 30 veces, “esto debería considerarse también”.
La defensa y las otras partes acusadoras, representadas por una abogada del Estado y las letradas de la Generalitat Valenciana y de la acusación particular, se han adherido a la petición de rebaja de la pena y a las conclusiones expuestas por la fiscal. El acusado fue declarado culpable por el jurado popular.
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