La semana pasada fueron detenidas ocho personas por agentes de la Policía Nacional, acusadas de vender a través de internet potenciadores sexuales ilegales, que ellos mismos fabricaban sin ningún tipo de control sanitario. En el marco de la denominada “Operación Elevador” han sido incautadas 110.000 dosis de supuestos medicamentos y anabolizantes utilizados como potenciadores sexuales, que podrían alcanzar en el mercado un valor superior al millón de euros. También han sido bloqueadas numerosas cuentas bancarias e incautados bienes inmuebles y vehículos por valor de 3,5 millones de euros. Para elaborar sus productos, los detenidos adquirían las sustancias necesarias en el extranjero (Estados Unidos, Malasia, Reino Unido y Tailandia), y las almacenaban en tres locales desmantelados situados en las localidades malagueñas de Torremolinos y Coín, donde ellos mismos fabricaban y preparaban los productos. La distribución se efectuaba a través de distintas páginas web, y la organización había creado un entramado mercantil que les permitía justificar los elevados ingresos obtenidos mediante la venta de estos estimulantes tanto masculinos como femeninos.
Esta operación ha supuesto un paso más en la difícil tarea de frenar este tipo de comercialización, como se recogió en un informe elaborado por expertos en materia penal de la Unión Europea del año 2006, en el que se reflejaba como el 57% de los spam (correos electrónicos basura o no solicitados) afectaban a productos de salud, el 44% de la Viagra que se vendía en la red era falsificado y el 95% de las medicinas ofrecidas eran inseguras. Pudor, prejuicios o desconocimiento suelen ser las causas que están detrás de esta vía rápida y peligrosa de la automedicación.
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