España. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció recientemente en su primera comparecencia en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. Días después, en una entrevista en TVE, explicó que la citada ley fijará una serie de “supuestos” y no de plazos, como actualmente está estipulado, en los que el aborto estará despenalizado, es decir, únicamente se permitirá en una serie de circunstancias que concretará el ejecutivo.
En su opinión, la última reforma que hizo el Partido Socialista obvió absolutamente los derechos que el concebido y no nacido tiene reconocidos en la Constitución, si bien, reconoce Gallardón, hay supuestos que entran en colisión con otros derechos, y para estos casos no hay ningún tipo de reproche penal y la mujer podrá interrumpir su embarazo.
Para la Asociaciación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), la reforma anunciada será “aún más regresiva” que la normativa de 1985, y creará inseguridad a las mujeres, abriendo de nuevo la puerta a que éstas pongan fin a la gestación de forma clandestina. Desde la asociación también se preguntan qué hará el Gobierno con el resto de aspectos recogidos en la ley, así como con la educación sexual prevista en la norma; si suprimirá la libre dispensación de la píldora postcoital o si "bloqueará" la formación de los profesionales que quieran conocer la práctica sanitaria de aborto provocado.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, confirmó esta misma semana que ha encargado a diferentes entidades un estudio para evaluar los posibles efectos adversos de la píldora del día después en mujeres adultas y en menores de edad, puesto que el Gobierno se plantea que vuelva a dispensarse con receta. La ministra se mostró preocupada por los efectos de este medicamento en mujeres jóvenes que “todavía están en edad de desarrollo”, a quienes “una píldora de estas características puede causarle algunos problemas”, y quiso dejar claro que la decisión no va a estar basada en cuestiones “ideológicas, morales o éticas” porque se trata de “un tema de salud pública” y que hasta que no conozca el resultado no anunciará la retirada de la financiación.
No obstante, como señala Isabel Serrano, ginecóloga y Presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, la evidencia científica no es de derechas ni de izquierdas, y conviene recordar que la Organización Mundial de la Salud lo considera un medicamento esencial y enormemente seguro, y, sobre todo, que se han consumido más de 1.500.000 unidades de esta píldora, comprada en farmacias sin receta médica, sin que se haya declarado ninguna reacción adversa grave.
Y para terminar, este mismo martes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciaba la transformación de Educación para la Ciudadanía, por haberse convertido en una asignatura con una carga de adoctrinamiento, en otra denominada Educación Cívica y Constitucional. Esta afirmación la ilustró posteriormente en una entrevista radiofónica, con citas de un supuesto libro adoctrinador de la asignatura, en las que se dice que «los capitalistas son como ratones en una rueda que corren para correr más deprisa», «el capitalismo es como un tren sin freno (...) y el socialismo es el freno de emergencia». Sin embargo, la editora del libro (Akal) ha mostrado su indignación ante la cita del ministro y ha aclarado en un comunicado que el tomo en el que se ha fijado Wert “no es un libro de texto ni un manual para el alumno, sino un ensayo en el que se ofrece una visión crítica de la citada asignatura”.
Wert ha afirmado que “no estamos en contra de una educación cívica en la línea sugerida por el Consejo de Europa”, que apunta a la enseñanza de la Constitución, el pluralismo, la vida democrática y los organismos europeos, “eso se mantiene; es más, queremos seguir escrupulosamente esas pautas”.
Lo que no ha especificado el ministro es si se mantendrán los capítulos que se refieren a los nuevos modelos de familia o a los homosexuales. “En la medida en que se explique en la Constitución podrán entrar esas y otras cuestiones, desde una óptica pluralista y sin adoctrinamiento”.