LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO NO PUEDEN ESPERAR

El anteproyecto de ley de justicia gratuita aprobado en el Consejo de Ministros del viernes 11 de enero ha rectificado las tasas judiciales que ya estaban en vigor y que han venido recibiendo fuertes críticas desde distintos ámbitos. Además de ampliar el umbral de ingresos de las familias españolas que no tendrán que pagar tasas judiciales, aumenta los colectivos que podrán beneficiarse de la justicia gratuita. Víctimas de terrorismo, de violencia de género, de tratas de seres humanos, de accidentes que produzcan secuelas permanentes, menores y discapacitados quedan incluidos, siempre que actúen a título individual, pues han de ser ellos las víctimas. Distintas entidades (Cruz Roja, sindicatos…) quedan también excluidas de pago cuando acudan a los tribunales. Pero las víctimas tendrán que seguir pagándolas porque la ley de justicia gratuita no entrará en vigor como mínimo hasta dentro de seis meses, pues la norma está pendiente de tramitación y aprobación definitiva. La profesora de Derecho Civil y abogada de la asociación de juristas Themis, Verónica del Carpio, alerta indignada de que esta traba frenará las demandas de divorcio y está convencida de que muchas víctimas seguirán con su agresor por motivos económicos. "Para una familia media, la demanda de divorcio puede suponer unos 1.800 euros y no todo el mundo los tiene, por no hablar de las demandas que pueden alcanzar los 10.000 euros que es el tope legal que marca la ley". Verónica del Carpio subraya que las tasas "van a retraer a muchas víctimas" y recuerda que las mujeres ganan "un 30 por ciento menos que los hombres, son ellas las que presentan el 80 por ciento de las demandas de separación y el que demanda paga”.

La ley de tasas judiciales aprobada el pasado 20 de noviembre generó honda preocupación entre los colectivos y asociaciones de mujeres que han venido reclamando al Gobierno de España la suspensión de la normativa y la adopción de medidas para paliar una situación que suponía en su opinión una penalización para las mujeres, y, en particular, para las víctimas de violencia de género. Durante la reunión del Instituto Estatal de la Mujer y de las representaciones de los departamentos responsables de las políticas de mujer de las comunidades autónomas, celebrada recientemente en Madrid, la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, denunció que la tramitación del divorcio en caso de agresión supone asumir el pago de 300 euros. “La propia ley considera que el nuevo escenario normativo tiene un impacto nulo en materia de igualdad, lo que contrasta con el hecho de que el 64 por ciento de las demandas de divorcio registradas anualmente en España son interpuestas por mujeres”, añadió Sanjurjo. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha subrayado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "no tiene que mezclar la violencia de género con la ley de gratuidad judicial". "Lo que tiene que hacer es quitar las tasas judiciales a las mujeres maltratadas y a las no maltratadas, porque en este momento más del 60 por ciento de las mujeres que están tramitando procedimientos en los juzgados de familias son mujeres maltratadas que no han denunciado", ha precisado. Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, "habría que declarar la exención del pago de tasas en todo el derecho de familia, en todo lo que tenga que ver con la jurisdicción civil" con el fin de cubrir el problema de la violencia de género, pues "hay una bolsa muy importante de maltrato que no se denuncia y no se resuelve en los juzgados de violencia sino que se resuelve en los juzgados de familia".