La legislación vigente permite que las mujeres con discapacidad mental o intelectual puedan ser esterilizadas sin su consentimiento, algo que el Ministerio de Justicia se halla dispuesto a modificar, según le ha sido transmitido al Comité Español de Representantes con Personas con Discapacidad (CERMI), después de que éste pidiera una reunión al ministro Ruiz Gallardón con el fin de estudiar la derogación del artículo 156 del Código Penal.
La legislación actual establece que la esterilización "no será punible" en el caso de mujeres que adolezcan de "grave deficiencia psíquica", aunque establece como requisito previo que "haya sido autorizada por el juez" y "a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz". Para el CERMI, esta regulación favorece el abuso sexual de las mujeres con discapacidad y, por esta razón reclama su derogación inmediata. Además, también denuncia el hecho de que muchos centros y residencias impidan el ingreso de mujeres con discapacidad intelectual si no han sido esterilizadas.
El Gobierno asegura que comparte plenamente la preocupación del CERMI por las personas con discapacidad y el interés que tiene esta organización por adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de este colectivo. No obstante, considera que "la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, tomando como criterio rector el de mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias psíquicas, no supone ir en contra de los principios" de la Convención.
La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez, ha pedido en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que se elimine del Código Penal el artículo 156 que permite la esterilización de las mujeres con discapacidad. "No se puede incapacitar a nadie y hay que buscar medidas alternativas. Yo estoy ciega y no estoy enferma. Tengo una niña a pesar de mi ceguera. Proponemos ser consistentes con la Convención de Naciones Unidas de las personas con discapacidad, que dice que tienen que mantener su fertilidad y no se ponen excepciones", reivindicó durante su comparecencia. Además, indicó que cuando se esteriliza a una mujer con discapacidad hay una exposición al abuso sexual "infinitamente mayor" por parte del propio entorno familiar directo, según se desprende de estudios internacionales.
El CERMI, como plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, ha convocado un acto cívico el próximo 28 de junio a las 19.00 horas, ante el Ministerio de Justicia, contra la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad, para pedir la eliminación del artículo 156 del Código Penal.
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